14 de Enero de 2018

Carta al Sr. José María Marín Quemada

Presidente de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia

 

Sr Marín Quemada.

Me dirijo a usted para intentar buscar una explicación razonable a los ataques constantes que está sufriendo nuestro sector desde el organismo que usted preside.

Me gustaría  intentar entender el porqué del incansable trabajo de acoso y derribo que está realizando usted al frente de su administración para equiparar a dos sectores tan diferenciados desde su nacimiento.

Nunca hemos tenido ningún problema en el sector paralelo a las VTC, con el cual hemos convivido durante tantos años, dando servicio a dos segmentos de la población totalmente diferenciados.

Toda esta tendencia ha cambiado con la incorporación de los dos nuevos jugadores en el mercado, que no han venido a competir, sino a cambiar las leyes para poder ajustarlas con calzador, y de esta forma favorecer la competencia desleal a los sectores, que tantos años han convivido para los ciudadanos por los cuales ustedes deberían proteger y beneficiar.

Por poner un símil: Estas empresas para las que ustedes modifican las leyes actúan como el mejillón Tigre: Destruyen el ecosistema donde son introducidos.

Su última gran denuncia deriva en la necesidad de dotar de velocidad comercial en la accesibilidad a los carriles bus taxi y zonas de estacionamiento, a empresas privadas que hacen competencia desleal al taxi.

Me gustaría recordarle que la intervención administrativa del servicio del taxi se concreta en la existencia de una normativa reguladora,  autonómica y local,  que contiene  numerosas restricciones a la competencia que inciden tanto en el acceso  como en el ejercicio de  la  actividad, recuerde usted que no son restricciones casuales, son única y exclusivamente para garantizar la seguridad, transparencia, profesionalidad y accesibilidad por el interés general.

Con carácter previo a  la exposición del modelo  regulatorio hay que recordar que, aunque a menudo se califique el servicio de taxi como  un servicio público, esta  calificación no es precisa: el taxi es un servicio al público y no un  servicio público.

Según el Consejo de Estado, el taxi  es una  actividad privada dirigida  al público y  de un marcado interés general, en ocasiones calificada doctrinal y jurisprudencialmente de servicio  público virtual o  impropio, así  como  de servicio  privado de  interés público  o  de servicio de  interés público, que requiere una autorización  administrativa de funcionamiento. Como cualquier actividad privada que se quiera desarrollar, su regulación debe respetar necesariamente el derecho a  la libertad de empresa reconocido por  la  Constitución  Española (art. 38) de manera  que la Administración puede intervenir imponiendo requisitos, limitaciones  y prohibiciones sólo  si  está  expresamente habilitada para  ello en una  norma de rango legal.

En Catalunya, el servicio  de taxi se encuentra regulado por la  Ley  19/2003, de 4 de julio, del taxi  (en adelante, Ley  del taxi), la cual define  este servicio como “el transporte de viajeros con vehículos de una capacidad de  hasta nueve plazas, incluida la persona que conduce, que se efectúa por cuenta ajena mediante el pago de un precio”. La Ley del taxi establece que el taxi  es una “actividad privada reglamentada que complementa las  prestaciones propias del transporte colectivo”, y que su regulación responde a los siguientes  principios:

 

  • La intervención administrativa, fundamentada en la necesaria garantía de interés público para la consecución de  un nivel óptimo de calidad en la  prestación  del servicio.
  • El equilibrio económico de la actividad y  la  suficiencia del servicio, que  se concreta en  la limitación del número de  autorizaciones de la actividad y el establecimiento de tarifas obligatorias.
  • La universalidad, la accesibilidad  y  el  respeto  de los derechos de los usuarios. La intervención administrativa del servicio  del taxi se concreta en normas que  contienen importantes restricciones a la competencia.

Estas restricciones se pueden agrupar en tres categorías, siguiendo  el planteamiento realizado por otras autoridades de competencia y organismos internacionales que han analizado el servicio de taxi desde la óptica de  la competencia:

 

  • Restricciones relativas al  número de  autorizaciones  que pueden ser otorgadas para prestar el servicio de taxi; es decir, establecimiento de un contingente máximo  de operadores  autorizados  a actuar en  el mercado ( Numerus clausus).
  • Restricciones referidas  a  la calidad  y  la seguridad en la prestación del servicio.  En general, inciden sobre aspectos del taxi muy diversos, como la superación de determinadas pruebas por parte de los conductores y operadores, el tipo o características de los vehículos o la fijación de determinadas reglas sobre la indumentaria de los taxistas.
  • Restricciones relacionadas con el  precio del servicio de taxi, ya sean tarifas máximas,  mínimas  o fijas. Tanto la Ley catalana del taxi como  las ordenanzas y reglamentos municipales  que regulan esta actividad contienen prescripciones que se pueden  agrupar en las tres categorías mencionadas:

 

La Ley del  taxi establece  un régimen de autorización administrativa  para acceder al mercado,  con la  posibilidad de fijar un  numerus clausus  de operadores,  que se concreta a  nivel local  en un contingente máximo de licencias urbanas en otorgar, fijado habitualmente  en base a criterios de naturaleza económica.

La norma catalana configura un régimen de acceso  basado en un  sistema de  doble título habilitante, en  función de si se prestan servicios urbanos  (que transcurren íntegramente por suelo urbano y urbanizable de un mismo término municipal o ámbito metropolitano) o interurbanos  (entre diversos términos municipales).

La autoridad competente en el otorgamiento de la licencia depende de su tipología:

Las licencias para  prestar servicios urbanos de taxi son otorgadas por las entidades locales, que regulan el procedimiento y requisitos; y las  autorizaciones para prestar servicios interurbanos de taxi, son otorgadas por el departamento competente en materia de transportes de  la Generalitat de Catalunya. Con  carácter general,  disponer de  la licencia urbana es condición necesaria para obtener la autorización interurbana.

Estos títulos  administrativos  se encuentran sometidos  a una condición de territorialidad. Por una parte, los  servicios urbanos de taxi  sólo pueden prestarse en el municipio en el cual se ha obtenido la licencia urbana y, por otra, la Ley del  taxi  sólo autoriza a iniciar servicios interurbanos en el término  municipal para el cual se  ha expedido la licencia urbana o en el municipio donde se ha expedido la autorización interurbana.

Este hecho imposibilita que los servicios interurbanos puedan iniciarse en cualquier otro municipio (por ejemplo, allí donde han finalizado un servicio).

Respecto a  las restricciones cuantitativas , la Ley  del taxi  autoriza los entes  locales para determinar el  número de licencias de  taxi  “atendiendo  siempre  la necesidad y  la  conveniencia del servicio al  público, y especifica los factores a tener en cuenta, la mayoría de los cuales presentan un claro  componente económico. También se establece esta  posibilidad  en relación con las autorizaciones interurbanas.

Por otra parte, la normativa catalana  también establece determinadas prescripciones que pretenden garantizar  la calidad  y  la seguridad en la prestación del servicio.

Entre otros aspectos, se exige que el conductor (ya sea el titular de  la autorización o un conductor asalariado) obtenga un certificado que acredite la superación de determinadas pruebas. Asimismo, algunas ordenanzas locales, habilitadas por  la Ley del taxi, también han regulado las condiciones exigibles a los  vehículos,  las condiciones de estacionamiento, los turnos en las paradas y la circulación de los vehículos por las vías públicas, o el  establecimiento de turnos, días de descanso y las vacaciones.

En esta categoría también  puede incluirse la  obligación de prestar  el  servicio (articulada como derecho de las personas usuarias), en el sentido que los taxistas sólo  pueden negarse a prestar un servicio en circunstancias muy concretas.

En algunos casos, la normativa permite, bajo el paraguas de la calidad del servicio, el establecimiento de otras prescripciones  que no guardan una relación directa; en este sentido, algunas ordenanzas y reglamentos municipales establecen normas básicas relativas a la indumentaria y equipamiento de los conductores, o las condiciones relativas a la publicidad exterior e interior del vehículo.

Finalmente, la Ley del taxi establece  un  régimen de tarifas obligatorias  fijadas por una u otra administración en función  del tipo de  servicios prestados: si  se aplican a  la prestación  de  servicios  urbanos su  fijación  corresponderá  al ente local competente, y si se aplican  a servicios interurbanos corresponderá al Departamento de Transporte de la  Generalitat de Catalunya.

En conclusión a todo lo expuesto:

La Comisión Nacional de Mercado y Competencia ha de entender que nuestro  sector no está intervenido ni tiene unas infraestructuras para ser más competitivos, sino para garantizar y facilitar el acceso a los ciudadanos y actuar como lo que realmente somos, un servicio de interés general complementario al tranporte público.

Por esta cuestión, la Administración facilita unas ubicaciones y una velocidad comercial para ser un servicio, que va dirigido a ser un complemento al transporte público municipal, pues al final es un sector que pertenece a los ayuntamientos.

Una vez expuesto este asunto, nos gustaría poder reunirnos con usted para poder comentar el tema desarrollado, e intentar entender cuál es el fin de equiparar dos sectores que durante tantos años han convivido, dando servicios tan diferentes  como necesarios, a dos segmentos de la sociedad.

No entendemos como con los precedentes ya existentes, como el caso sucedido en Holanda sin ir más lejos, siguen obcecados en equiparar los sectores divulgando a los cuatro vientos que es para generar competitividad.

Por ello esperamos su respuesta y quedamos a su disposición para celebrar una reunión.

Sin más reciba un cordial saludo.

 

Jordi Ramírez del Corral

Presidente de Asociación Profesional Élite Taxi Barcelona